La causa penal por la usurpación de las tierras del Loteo “Gaucho Castro”, que pertenecerían al Superior Gobierno de la Provincia, volvió a reactivarse luego de semanas en las cuales si bien no hubo novedades, los investigadores aprovecharon para avanzar en la pesquisa. Estaba previsto que ayer se concretase la audiencia de formulación de cargos en contra de siete de los sospechosos, pero por pedido del fiscal Miguel Varela fue reprogramada para la próxima semana. Por otro lado, la Justicia prorrogó la medida de restitución provisoria del inmueble que había sido concedida en enero al Gobierno de Tucumán.

El caso comenzó a investigarse en enero, luego de que la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, denunciara que había personas detrás de un emprendimiento inmobiliario que involucraba a las tierras de la Reserva Natural La Angostura. Semanas después, el fiscal de feria, Miguel Varela elaboró una teoría que consiste en que un grupo de personas, algunas con contactos y cargos públicos, montaron una especie de “inmobiliaria que se dedicaba a vender tierras fiscales” aprovechándose de sus contactos y utilizando oficinas del Estado para falsear documentación.

El fiscal le notificó a los sospechosos Juan Pablo Castro (supuesto titular del emprendimiento “Loteo Gaucho Castro”), Rafael Trujillo (empleado de la ex subsecretaría de Dominio Territorial y Hábitat), Maximiliano Barreiro (empleado de la misma repartición que presentó los planos proyecto en la Dirección General de Catastro que nunca fue autorizado), Fernando Rogel Chaler (el ex titular de Dominio Territorial), Yanina Mamaní (nuera de Trujillo que habría ayudado en la comercialización de los terrenos), Jorge Cruz (el comisionado comunal suspendido de El Mollar) y Damián Romano (nieto político de Castro que habría tenido participación en la venta de los terrenos), que estaban siendo penalmente investigados por los presuntos de delitos de usurpación y estafas reiteradas.

Reprogramación

La semana pasada, solicitó por fin la audiencia para la formulación de cargos y el pedido de medidas de coerción en contra de los señalados. La reunión había sido agendada para ayer, pero surgieron dos cuestiones que llevaron a reprogramarla.

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Por un lado, ya iniciada la audiencia, el juez Mario Velázquez advirtió que durante la madrugada del lunes, el abogado Daniel Bulacio, en representación de las personas que compraron un lote en el terreno en disputa, presentó un escrito en el cual informaba que en abril había planteado la prejudicialidad civil y pedía la suspensión de los plazos procesales de la causa penal, aludiendo a que en el Fuero Civil hay un proceso en trámite, sobre el inmueble de Gaucho Castro, lo que resultaría “fundamental para el destino y suerte de este legajo penal”.

Las auxiliares fiscales, Gabriela Girardi y Luciana Ceccotti, le explicaron al magistrado que Bulacio no se asumió el rol de actor civil de la causa. Indicaron que no estaban al tanto de dicha presentación ya que había sido enviada a Fiscalía de Delitos Contra la Propiedad, que dirige Mónica García de Targa (la primera Unidad que se hizo cargo del legajo), y no a la del fiscal Varela. El juez Velázquez manifestó que al tratarse de una cuestión prejudicial y al desconocer los elementos de la causa penal, no sabría si la causa civil -y su resolución-, tendría incidencia en la penal.

Restitución provisoria

Sin perjuicio de ello, las representantes del Ministerio Público solicitaron que se reprogramara la audiencia debido a que Castro, Romano y su defensora Silvia Furque, no estaban presentes y esto afectaba a la estrategia fiscal. Resulta que la abogada había notificado que por un tema de agendas judiciales no podría asistir a la fecha citada, por lo que requirió que ayer se formularan los cargos contra Cruz, Trujillo, Mamaní, Barreiro y Chaler y que el 8 de agosto se celebre la misma audiencia para sus pupilos.

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El pedido fue respaldado por el querellante José María Molina, en representación del Superior Gobierno de la Provincia, y por los abogados Ernesto Baaclini (en defensa de Cruz), Javier Lobo Aragón (Chaler), Candela Álamo (Barreiro) y Sebastián Herrera Prieto (Trujillo y Mamaní). Los defensores argumentaron que sería injusto para sus pupilos que la audiencia se realizaran con días de diferencia, especialmente si el MPF solicita medidas de coerción.

Antes de que el juez emita su resolución, la Fiscalía y el querellante solicitaron que se prorrogue por seis meses la medida de restitución provisoria del inmueble que se dictó el pasado 31 de enero a favor del Gobierno. Para respaldar el pedido, Molina adelantó parte de las nuevas evidencias recolectadas durante estos meses y dijo que se robusteció la hipótesis fiscal y los extremos para el requerimiento de la medida.

Los defensores se opusieron alegando que primero debería resolverse la causa en el Fuero Civil, para que una vez que la Justicia Civil determine quién es el legítimo dueño de la tierra, se pueda tomar una decisión en el ámbito penal. “Han hecho una causa penal de un pleito civil que no podrá avanzar hasta tanto no se resuelva el tema civil”, afirmó Herrera Prieto.

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Velázquez dispuso que la audiencia de formulación de cargos se realice el próximo 8 de agosto con los siete imputados presentes, pero aclaró que primero se tratará la cuestión de prejudicialidad presentada por Bulacio. Una vez resuelto ese punto evaluará si se proseguirá con la formulación de cargos. Finalmente concedió la prórroga de la restitución provisoria, por 11 días a contar a partir del 31 de julio (fecha en que vence la medida). “La restitución deberá realizarse respetando la medida cautelar de no innovar dictada el 11 de noviembre de 2024, que prohibe la realización de toda actividad que no haya sido autorizada por la autoridad competente”, advirtió en su sentencia.